Por Yarilina Rodríguez
Se conoce de los miles de atropellos y vulneraciones de derechos a los que han estado sometido los venezolanos con el régimen chavista – madurista, no obstante, asombra y causa estupor el procedimiento amañado y armado con mala intención a los que fueron sometidos 17 trabajadores de la Escuela Bolivariana Nacional Dr. Enrique Delgado Palacios, ubicado en la Parroquia del Valle de Caracas. Aconteció que este 10 de marzo, día de pago estos empleados se percataron que no tenían depósito de su quincena; acuden ante el ente rector, es decir, Ministerio de Educación donde les informan que por procedimiento administrativo de la directora del plantel se les aplicó abandono de cargo.
Llama poderosamente la atención que estos empleados de la educación, dentro de los cuales están 9 docentes, 3 administrativos, 3 obreros y 2 cocineras de la patria, acudían a cumplir con sus labores a la escuela donde están adscritos continuamente, entonces ¿Cómo fue que se llegó a la acción de suspensión de sueldo, valiéndose de la figura de abandono de cargo? ¿Cómo es que el patrono Ministerio de Educación suprime el sueldo de varios empleados sin aval suficiente y consistente? ¿Acaso no hay inamovilidad laboral? y ¿Para una suspensión de sueldo este debe ser ejecutado por la Inspectoría del Trabajo previo estudio y comprobación de incumplimiento del trabajador? Obviamente estos cuestionamientos no tienen respuesta coherente y menos dentro de un patrón jurídico legal, ya que cuando se escruta se percibe más una situación de retaliación y pase de facturas de una directora que no admite postura distinta a la del régimen y que no acepta que el personal de la institución exija la contraloría social de las obras de infraestructuras que se están llevando a cabo desde septiembre de 2022 por las Bricomili.
Es así como se explica la respuesta exacerbada de movilización del personal de seguridad del Ministerio de Educación el viernes 17 de este mes, ante la presencia de la dirigente sindical Gricelda Sánchez para impedirle la entrada y evitar de este modo el reclamo justo y de defensa de los derechos de los docentes suspendidos. Cabe hacer notar que la profesora Sánchez es Presidente de FORDISI y dirigente gremial de Caracas y estaba presente para cumplir su deber de defensa gremial, sin embargo, esto fue visto como una amenaza y la respuesta inmediata es de quién se sabe infractor de sus propias normas.
Es de hacer notar que muchos de los que fueron dejado sin sueldos esta primera quincena de marzo han sido consecuentes con las protestas que tienen lugar en el país desde enero de este año, sin haber faltado a la labor en el plantel educativo; así mismo son también quienes abiertamente les exigen a los directivos de la escuela que presente cuentas sobre las reparaciones de infraestructura que se vienen llevado a cabo desde inicio del año escolar, por el programa Bricomili y que a la fecha no se han concluido. Mientras tanto en esta quincena quedaron sin sueldo varios trabajadores de un sector público ya depauperado, quienes son padres de familia y sostén de hogar por un procedimiento sin legalidad en franca demostración de poder y deterioro de los Derechos Humanos en Venezuela. Aún con todo este panorama la esperanza es que se les restablezca el sueldo lo antes posible a todos estos trabajadores, que en la línea de funcionarios del Ministerio de Educación y de la Inspectoría del Trabajo prevalezca la sindéresis y sensatez que conlleve a hacer justicia.