Crónica de una Mala Praxis en el pago de las Prestaciones Sociales

Durante el segundo mandato del Dr. Rafael Caldera se produjo una reforma a la Ley Orgánica del Trabajo. En unas circunstancias similares a las actuales con sus propias particularidades. En la reforma legislativa, se acordó la cancelación del 75 % de las prestaciones sociales acumuladas a los trabajadores. La disposición se aplica casi de inmediato para trabajadores del sector privado. Sin embargo, no fue así para el sector público en el que se fijó un plazo de casi una década para cancelarlas.

Vale la pena destacar, que en ese segundo gobierno de Caldera, hubo un logro importante en la recuperación del salario docente. El Ministro Luis Antonio Cárdenas Colménter, lo asumió como política de Estado denominada “Dignificación Docente”. A ese aumento significativo del salario docente, se le sumó el reconocimiento de los bonos de transporte y alimentación.

El magisterio recibe con beneplácito las medidas adoptadas, teniendo incidencia positiva en la cancelación de las vacaciones. De igual forma, en los aguinaldos (Bono de Fin de Año en sector público o Utilidades en el sector privado) que se vieron incrementados. No obstante, persistía la deuda de liquidación de prestaciones sociales y los voceros gubernamentales aducían el alto costo de las mismas. Además de la complejidad para calcular la deuda, sobre todo para los mayores sectores empleadores: educación y salud.

Ante estas circunstancias, la Ministra de Hacienda, Dra. Maritza Izaguirre anunció un estudio de “alta ingeniería económica” para su cálculo.

Una vez que Chávez llegó al poder, ratificó a la Dra. Maritza Izaguirre en su cargo y en unos meses ella anunció que los cálculos de “Alta ingeniería económica” dieron frutos. La funcionaria con ayuda de técnicos de las universidades había cuantificado las prestaciones adeudadas a los trabajadores. La nueva administración optó por solicitar un crédito al Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La función de la Ministra Izaguirre resulta beneficiosa por su pasantía en el BID.

El BID aprueba y entrega el crédito solicitado por Venezuela. El gobierno de Chávez canceló las prestaciones sociales a los trabajadores de algunas dependencias de la administración pública. Léase oportunas, especialmente a militares, Seniat y Ministerio de Justicia, entre otros ministerios. Pero no fue así para los trabajadores de Educación y Salud.

Recordemos que Chávez lanza iniciado el gobierno su proyecto de constituyente. Este contó con un financiamiento no previsto en el Presupuesto de 1999. Con unos precios del petróleo que promediaron los $12 el barril, surgen las dudas ¿Por qué a muchos maestros jubilados en plena bonanza petrolera se les cancelaron sus prestaciones sociales después de 5 años? ¿Qué pasó con los recursos del BID?

Lo cierto es que todas las campañas de elección de los Constituyentistas y el proceso de redacción, difusión y aprobación de la Constitución de 1999, no le faltaron recursos. De igual forma, a las campañas electorales de 2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 y 2012. Hablando de campaña electoral, tampoco se le han pagado las Prestaciones Sociales a los jubilados en octubre y diciembre del 2023, pero el dinero de la campaña sí se ve y se siente.

A partir del 2002, el salario de los empleados públicos se ha deteriorado, en especial los docentes, se ha venido produciendo a pasos agigantados por la constante inflación. Todo esto ocurre en medio de la mayor bonanza petrolera. Desafortunadamente, las prestaciones sociales no fueron canceladas oportunamente, esto ocasionó que las mismas se devaluaran, sobre todo, después de las reconversiones monetarias que sacudieron la economía y las convirtieron en polvo cósmico.

Cuando analizamos fríamente el comportamiento del salario de los trabajadores públicos, la mora en honrar pasivos laborales, especialmente los de la educación y de la salud, notamos que, indudablemente, todo lo sucedido ha sido planificado.

Otro proyecto fallido financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo fue el de la reforma del sistema de justicia penal y mejorar su equidad, eficiencia y transparencia.

El financiamiento, los recursos para implementar el Código Orgánico Procesal Penal de 1999, que cambia el sistema previo de juicios por un modelo oral como parte del proceso de modernización. El programa del BID enfatiza la capacitación para ayudar a satisfacer las nuevas demandas que el nuevo código de 1999 ejerce sobre investigadores policiales, fiscales, jueces, defensores del pueblo, funcionarios carcelarios y oficiales de rehabilitación.

Pese a la ayuda internacional, los resultados en Educación (Prestaciones Sociales de Educadores) y Justicia no son nada destacables.

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