Durante su acostumbrada alocución al país durante el inicio de un año escolar, Nicolás Maduro hizo referencia “…que después de dos años de pandemia este sería el inicio de una año «NORMAL». Este anuncio fue secundado por Yelitze Santaella y todo aquel personero del Estado que dio declaraciones al respecto. En tal sentido, para garantizar esa «normalidad», al finalizar el año escolar 2021-2022 se anunció la implementación de las BRICOMILES (Brigadas Comunitarias Militares para la Educación) en las instituciones educativas. Lo que generó mucha expectativa y zozobra en el personal que labora en las escuelas, ya que no se tenía conocimiento cuál iba a ser exactamente la función de estás brigadas.
El gobierno informó que a través de la plataforma tecnológica VENAPP se abría un espacio para que los directivos de las instituciones inscribieran a sus colegios y estos fuesen beneficiarios de dotaciones y reparaciones de la planta física, según su necesidad. Lamentablemente no se tomó en cuenta que más del 50% de las instituciones no cuentan con equipos ni servicios de internet para poder hacer sus reportes, sumado al hecho de que no todos los directivos recibieron la información a tiempo. El resultado de este procedimiento fue que numerosas escuelas no fueron seleccionadas, resultando beneficiados sólo aquellos directivos que se movilizaron rápidamente, por no decir que fueron “más vivos que otros”. Esto contribuyó, a que una cantidad importante de escuelas que requieren atención prioritaria no fueran seleccionadas.
Las BRICOMILES debían actuar en las instituciones durante el período vacacional, eso no ocurrió, aquellas pocas escuelas que fueron tomadas, les llegó material y se inició el trabajo de reparación pero a principios del mes de Septiembre cuando ya casi estaban por iniciar el período escolar. Se hizo el llamado a clases, muy pocas de esa muestra de instituciones que fueron seleccionadas estaban lista. Unas iniciaron con los obreros trabajando, otras retomaron la modalidad de educación a distancia y la gran mayoría por cierto, comenzaron en condiciones no aptas para albergar personas: desde falta de agua para su funcionamiento, pasando por estudiantes sentados en el piso por falta de mobiliario hasta techos y paredes cayéndose. Darle normalidad a las irregularidades ya parece una política de Estado, que por supuesto los trabajadores rechazan, ya que es violatoria de los DDHH y laborales.