Profesora: Rosa Emilia Hernández
En lo que ha transcurrido del 2023, se ha mostrado como un año marcado por manifestaciones de un gremio educativo que reclama de forma justa sus derechos sociales que, durante más de 20 años se han visto vulnerados por el no cumplimiento por parte de entes del Estado sobre lo establecido en la constitución venezolana, como es el caso del Art. 91 que menciona el derecho de todo trabajador a gozar de un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales.
Los docentes, quiénes se ven forzados a buscar cómo sobrevivir ante toda la crisis social, consecuencia de las malas políticas económicas aplicadas por un régimen que no valora la calidad educativa en nuestro país, ni muestra respeto por la dignidad humana, se han visto en la penosa realidad de no poder asistir todos los días a la escuela, pues la carencia de contar con sustento económico suficiente, les impide cumplir cabalmente con su labor educativa, ante esta lamentable realidad que los aqueja, los aliados del régimen nada humanitario, se han dado a la tarea de hostigar, amenazar y amedrentar a los docentes que por motivos de sobra no pueden cumplir con su labor, ante esto, esos directores o supervisores no se dan cuenta que el crimen contra la humanidad no prescribe, las consecuencias por el “desconocimiento de ley” no les será suficiente para exculparles, tal como está estipulado en el Art. 46 Numeral 4 de la CRBV y el Art. 151 establecido en el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, donde se sanciona las acciones de Maltrato Psicológico Mental que ejercen actualmente por el cargo que ostentan, lo que incurren en falta también por abuso de poder, los hostigadores no sólo tendrán que enfrentar la ley del hombre sino también la justicia ante el padre Dios por su mal accionar.
Lo mismo ocurrirá contra los que hoy día abusan del poder legislativo aprobando en 2da discusión la “Ley de Participación Estudiantil” que va en contra del respeto a la profesión docente como es el hecho de pretender asignar cargo de docente a cualquier persona que no es apta para ejercer un rol tan importante y decisivo en la sociedad, la ley es ilegítima porque ninguna de estas puede estar por encima de la Carta Magna, situación que año tras año, fracasará una y otra vez, en su pretensión de querer incorporar a estudiantes como docentes de aulas, siendo aún estudiantes de bachillerato.
Aunque persisten en cometer este crimen contra la educación al querer incluso que otros grupos como la Ubch, los milicianos, los militares o incluso políticos sin preparación pedagógica sean los responsables de la formación y preparación académica del futuro en nuestro país, a todos estos ciudadanos que arremeten en contra de la labor docente se les recuerda que la justicia tarde o temprano les llegará y deberán afrontar las consecuencias de sus actos, ya que está en medio la salud física, mental y emocional de muchas personas que se han visto afectadas gravemente por su mal proceder , de la justicia de Dios nunca se escaparán y tampoco de las consecuencias del mal que ha afectado la vida de tantas víctimas.