Como si no fuese suficiente el hecho de comenzar el año escolar 2023-2024 con el escenario sombrío ya conocido: aún sin discutir ni firmar el nuevo contrato colectivo indexado al dólar, despedidos indirectamente el gremio docente desde 2020, la negativa pública y notoria por parte de la ministro de educación de aumentar el sueldo sin alegato, el mal estado de las instituciones educativas públicas en el país y la migración del personal hacia otros horizontes, por la imposibilidad de que, a través de lo que han estudiado y perfeccionado durante muchos años, no le proporcione los recursos ni para comer tres días seguidos y mucho menos para mantener a su familia, ahora se tiene un problema mayor.
Con todo esto nombrado, en la actualidad se observa con mucha preocupación, la entrada de personas ajenas y sin ninguna injerencia en el ámbito educativo llámese CLAP, UBCH, consejos comunales y concejales así como las fuerzas de seguridad del Estado que actúan fuera del margen de la ley en las escuelas, con el único propósito de amedrentar y amenazar al personal que allí labora, muchos portando armas de fuegos y con órdenes del directivo para ir en contra de todo el que reclamen sus derechos humanos. Se les olvida que el Artículo N° 12 de la Ley Orgánica de Educación establece que: “No está permitida la realización de actividades de proselitismo o propaganda partidista en las instituciones y centros educativos del subsistema de educación básica, por cualquier medio de difusión, sea oral, impreso, eléctrico, radiofónico, telemático o audiovisual: En los niveles inicial y primaria…”, y aun así hay más represalias si se les indica su mal proceder.
Esta semana en varias instituciones educativas se vio la presencia policial, ante el llamado inicio de clases “con alegría” pero “sin aumento” que pregonaban los medios oficialistas, los Cuerpo de Paz (CUPAZ) y el acoso de colectivos inmiscuyéndose en la labor docente, ha sido un detonante para seguir en la lucha por la reivindicación de los derechos en la educación, así como también, el mantenimiento de la paz mental y psicológica que merece todo trabajador en Venezuela y que, con estas condiciones no se le está otorgando. Es hora de que se active la Sociedad Civil para exigir la seguridad de los niños, niñas y adolescentes que permanecen aún en las escuelas con todo y las dificultades económicas así como la valoración del gremio docente y el respeto hacia sus labores. La política partidista debe estar alejada de las aulas, puesto que está consagrada en la ley y la injerencia de grupos ajenos a ese ambiente debe ser condenada a como dé lugar en el territorio venezolano para poder construir una mejor nación.
No se debe permitir el abuso y acoso por parte de directivos en los centros educativos y el amedrentamiento con los grupos organizados para evitar la labor docente, no son guerrilleros ni están armados el personal que labora en las instituciones, su única arma es la Educación y el llamado se hace para concientizar a los padres madres, representantes y responsables de ser los garantes de la seguridad de sus hijos y de sus maestros que contra “viento y marea” continúan educando sin amparos constitucionales. ¡Más apoyo para los Docentes!