La historia de la señora Adda Marina Álvarez De Carmona, titular de la Cédula de Identidad N° V- 434.270, es un testimonio vivo de la injusticia social que padecen nuestros adultos mayores. Tras más de 34 años recibiendo la pensión de sobreviviente que le corresponde por ley desde el 1 de enero de 1990, su único sustento fue arbitrariamente suspendido el pasado 10 de octubre de 2024, dejándola en una situación de total desamparo.
A sus 94 años, viuda y sin otras fuentes de ingresos, Adda se ve obligada a firmar un documento de fe de vida para probar su existencia y reclamar lo que debería ser un derecho garantizado, no un privilegio cuestionado.
Adda estuvo casada con el profesor Juan Manuel Carmona Rivero, titula de la Cédula de Identidad N° V- 412.810, un insigne educador jubilado del Ministerio de Educación que dedicó su vida a formar generaciones como docente y director de la Escuela Juan Miguel Roo en Yaritagua, Estado Yaracuy. Sin embargo, ni siquiera este legado parece ser suficiente para evitar el trato injusto que hoy enfrenta su esposa.
Este hecho expone la fragilidad de un sistema que no protege adecuadamente a quienes, contribuyeron al bienestar social a través del trabajo y el esfuerzo.
La Realidad de la Injusticia
La situación de Adda no es un caso aislado. Refleja la creciente vulnerabilidad que sufren los jubilados y pensionados en Venezuela, quienes a menudo deben batallar para recibir beneficios que por ley les corresponden. Es inadmisible que, en una sociedad que se proclama justa y solidaria, los adultos mayores carezcan de la seguridad económica que les permita vivir con dignidad.
La pensión de sobreviviente, regulada por ley, es un derecho adquirido por el fallecimiento de un beneficiario de jubilación o un empleado que cumplió los requisitos para pensionarse. La suspensión arbitraria de este derecho viola la normativa y despoja a los beneficiarios de su sustento básico.
Resulta preocupante que no existan mecanismos eficaces para evitar este tipo de arbitrariedades. Por tanto, se requiere de un compromiso real de las autoridades para proteger los derechos de los jubilados y pensionados.
Exigimos la restitución inmediata de la pensión de Adda Álvarez De Carmona.
La justicia social no puede quedarse en palabras vacías; debe traducirse en acciones concretas. La historia de Adda es un recordatorio de la deuda que tenemos como sociedad hacia quienes dedicaron su vida al servicio público. Actuar en defensa de los derechos de nuestros mayores no es solo un deber moral, es una responsabilidad legal y ética que no podemos seguir ignorando.