Desde hace años se ha venido observando como se destruye sistemáticamente la educación en Venezuela, día a día se evidencia a los profesionales de la educación realizar maniobras para lograr su manutención y la de su familia mientras que desde el órgano rector en materia educativa, entiéndase el Ministerio del Poder Popular para la Educación, se improvisa cada ensayo, cada cambio que pretende demostrar que con tales «experimentos» se cumple el apostolado del maestro Simón Rodríguez que reza así: «o inventamos o erramos».
Pero el problema es que no inventan nada, sino yerran todo. Los estudiantes no tienen las mínimas condiciones, en ninguno de los niveles del sistema educativo, para ingresar a las aulas en un ambiente que está diseñado teóricamente para ser un lugar de saberes y de crecimiento. Los docentes deben maniobrar para lograr que se den las mínimas condiciones en esos espacios.
Estudiantes sin condiciones alimenticias, sin condiciones económicas para trasladarse a sus lugares de estudios, ya que muchas veces no tienen pasaje.
¿Cómo se le pide a un estudiante que rinda, si no disponen de los recursos en casa para poder cumplir con sus actividades académicas. Estudiantes que se desmayan en los centros educativos por falta de comida y falta de atención médica, en algunos casos?
Aun así se pretende golpear al gremio educativo tildàndolo de ser el que viola el Derecho Humano a la educación consagrado en nuestra Carta Magna se está obviando que el primero que cercena los derechos vitales es el mismo Estado Venezolano. Y cuando se habla de Estado Venezolano se refiere a toda la estructura que conlleva, es decir, Poder Nacional, Poder Estadal y Poder municipal porque para nadie en este país es un secreto que existen centros educativos que pertenecen al Ministerio de Educación como centros nacionales, las gobernaciones tienen lo propio que son los adscritos a la gobernación y los distritales a las alcaldías.
En todos esos entes que forman parte de la estructura del estado, se menoscaba el derecho a la educación. Es importante resaltar que cuando se determina el derecho a la educación no sólo se hace referencia a los niños, niñas y adolescentes particulares sino también habla de los hijos de los docentes que tienen el mismo derecho al estudio y a la atención integral.
Pareciera que hay dos Venezuela, la de los centros educativos públicos y la de los centros educativos privados. Pero es que en los privados se vive también una realidad con los elevados costos de las matrículas que en muchos casos a obligado a representantes a migrar al sistema público de educación.
Pero ¿Qué pasa en realidad? Será que lo más fácil es responsabilizar al docente de los males del sistema educativo? Pues es exactamente lo que el Estado pretende hacer ver a la sociedad cuando emite por todos los medios posibles comunicados con amenazas constantes que van desde la suspensión del «salario» a la destitución. Da risa hablar de salario, porque lo que hacemos en realidad es una labor social digna de ser recordada y reconocida en el tiempo pero sincerada en la actualidad a través del justo reconocimiento de la convención colectiva vencida y una nueva convención que desde hace 3 años no se firma.
La sociedad venezolana debe jugar un papel histórico en esta lucha, debe mirar al docente, debe extender su brazo al docente, debe exigir ante los entes correspondientes la justa reivindicación del docente, que no es otra cosa que respaldar el presente y el futuro de sus hijos.