La conformación de las Brigadas Comunitarias Militares (Bricomiles) en las escuelas del país, anunciadas el pasado sábado 25 de junio de 2022, por el presidente en ejercicio Nicolás Maduro, no tienen por objetivo recuperar la infraestructura de los casi 23 mil centros educativos desplegados a lo largo y ancho del territorio nacional. Se trata de una falacia más. La intencionalidad está clara: militarizar y construir alrededor de estos centros electorales una fuerza, ya no exclusivamente social y política (como ocurre en cada escenario comicial con las comunas oficialistas), sino además blindada ahora con la complicidad despótica e ilegal del componente castrense.
Se mantiene la política reiterada de coerción colectiva, implementada por el gobierno desde hace dos décadas. Ante una demanda masiva de cambio, la militarización es la respuesta al avance de las corrientes democráticas presentes en la sociedad venezolana. La ministra del Poder Popular para la Educación ha hecho mutis por el foro, por cuanto entiende que dicha resolución dista mucho de ser parte de una gestión educativa.
Esta bofetada a la educación tiene que contar con el rechazo de todos y cada uno de los ciudadanos, por cuanto se trata de una afectación a los derechos humanos. Quienes por omisión e inobservancia la apliquen, en especial directores de escuela, se hacen coparticipes de esta suerte de banalidad del mal, a decir de Hannah Arendt. Rescatar el sistema educativo es poner de relieve su calidad, adecuando y adaptando las bases curriculares al desarrollo del país y al mundo del conocimiento. Implica también la formación permanente de los docentes activos y el mejoramiento de sus condiciones laborales. Asimismo, la inclusión de estudiantes hoy fuera de las aulas, obligados a incorporarse a temprana edad al campo laboral, a través de becas y programas verdaderamente eficientes de alimentación. Estas, entre otras políticas, representarían acciones encaminadas a recuperar el nivel educativo que otrora disfrutamos en democracia.
FRANKLIN PICONNE