En un país donde el salario permanece congelado desde 2022, mientras la inflación alcanzó un abrumador 649,47% en marzo y la canasta básica supera los $600 según el SENDA, hablar de un aumento salarial no es solo un tema económico: es justicia social.
La constitución es clara: el salario debe ser suficiente para cubrir las necesidades del trabajador y su familia. Sin embargo, la realidad dejó de ser así. Durante los últimos años, los empleados públicos han vivido en carne propia el deterioro de su calidad de vida, su salud física y mental en muchos casos se ve expuesta, sin embargo, han mantenido sus justos reclamos y han visibilizado su descontento con el patrono estado. El sector educativo, en lo particular, ha mantenido las aulas abiertas laborando por ingresos propios que obtienen de otros trabajos y esto lo hacen de manera conscientes por el presente y el futuro de nuestras niñas niños y jóvenes.
No solo han cumplido con su labor, sino que se han convertido en los pilares que sostienen la infraestructura escolar. De sus propios bolsillos, ya agotados, costean hojas, copias y material de limpieza. Incluso aportan para que el programa CNAE no se detenga y los estudiantes reciban un plato de comida. Muchos sacrifican el tiempo con sus propias familias, trabajando horas extra en vendimias y colectas para que las escuelas no se caigan a pedazos.
La respuesta del Estado patrono a tanta abnegación ha sido, dolorosamente, el maltrato. El amedrentamiento y los despidos indirectos bajo el eufemismo de «cambio de modalidad de pago» se han vuelto moneda corriente. El proceso de reenganche es un camino de humillaciones: visitas constantes a zonas educativas, gastos en carpetas que no pueden costear y la prohibición de entrar a sus escuelas como si fueran delincuentes. A esto se suman bolsas de alimentos de baja calidad nutricional por las que deben pagar, calzado precario y bonos vacacionales que se diluyen en las manos.
Cuando la señora Delcy Rodríguez habla de realizar un «aumento responsable» este primero de mayo, parece ignorarse que la verdadera irresponsabilidad ha sido someter al trabajador a esta desidia. Exigir que se cumpla el Artículo 91 de la Constitución no es un acto impulsivo, es un derecho. Los trabajadores no queremos «pañitos calientes»; exigimos un aumento constitucional que dignifique nuestra labor. Es su responsabilidad, después de tantos años, escuchar por fin el clamor de quienes sostienen al país.