El pasado 10 de diciembre, el Ministerio del Poder Popular para la Educación ejecutó una de las acciones más graves y lesivas contra la comunidad educativa venezolana en los últimos años: la suspensión arbitraria del salario a más de 23.000 docentes y trabajadores, sin notificación previa, sin apertura de procedimiento administrativo y sin respeto al debido proceso, tal como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la legislación laboral vigente.
Esta medida, además de ilegal, es profundamente injusta e inhumana. No se trata de un hecho aislado: existen docentes a quienes se les ha suspendido el salario hasta por tercera vez en un mismo año, sin que medie causa justificada, expediente administrativo, derecho a la defensa ni resolución formal alguna. El salario, único sustento de miles de familias, ha sido convertido en un instrumento de castigo, coerción y control político.
La suspensión del salario como política de terror administrativo
Negar el salario a un trabajador activo equivale, en la práctica, a condenarlo a la exclusión social. En un país marcado por la precariedad económica, esta decisión empuja a docentes —muchos de ellos jefes de hogar— a la imposibilidad de cubrir alimentación, salud, transporte y educación de sus propios hijos. No es exagerado afirmar que esta política constituye una forma de violencia institucional, que vulnera derechos humanos fundamentales y desconoce el carácter alimentario y no confiscable del salario.
La gravedad de esta medida se profundiza al conocerse que entre los afectados se encuentran docentes legalmente en reposo médico, incapacitados por enfermedades crónicas, así como trabajadores que atraviesan procesos de recuperación tras cirugías mayores o tratamientos de quimioterapia. Personas en condición de especial vulnerabilidad, amparadas por informes médicos y por la ley, han sido despojadas de su salario en el momento en que más necesitan protección del Estado, convirtiendo una acción administrativa en un acto de crueldad institucional.
Resulta aún más grave que estas acciones se ejecuten sin transparencia, mediante sistemas automatizados, sin responsables identificables y sin canales efectivos de reclamo. El docente queda atrapado en un limbo administrativo donde nadie responde y nadie asume consecuencias.
El discurso triunfalista frente a la realidad del aula
Esta realidad contrasta brutalmente con el balance público presentado por el ministro Héctor Rodríguez al cierre del año 2025, donde se afirma que el sistema educativo vive un momento de “exploración, crecimiento y aprendizajes”, gracias al “trabajo en equipo de toda la comunidad educativa”.
El ministro celebra un supuesto incremento de la matrícula escolar, la defensa del calendario académico, la reducción del déficit docente y la recuperación de infraestructuras escolares. Sin embargo, omite deliberadamente mencionar que miles de esos mismos docentes que sostienen las aulas no cobraron su salario, fueron humillados institucionalmente y tratados como sospechosos sin juicio.
¿Con qué autoridad moral se habla de fortalecimiento educativo mientras se castiga económicamente al educador?
¿Cómo se pretende formar a más de 220.000 docentes si los que ya están en servicio son empujados a la pobreza y al abandono profesional?
¿De qué “trabajo en equipo” se habla cuando el Estado traiciona a uno de sus pilares fundamentales?
Educación no se construye con propaganda, sino con dignidad
No existe recuperación de escuelas sin maestros con derechos.
No hay calidad educativa sin estabilidad laboral.
No hay compromiso pedagógico cuando el Estado rompe unilateralmente el contrato social con quienes educan a la nación.
La educación venezolana no necesita balances demagógicos ni cifras infladas para redes sociales. Necesita justicia laboral, respeto institucional y reconocimiento real al esfuerzo de sus trabajadores. Mientras miles de docentes sigan siendo castigados sin causa, todo discurso oficial sobre avances educativos carece de legitimidad ética.
Suspender salarios sin debido proceso no es un error administrativo: es una decisión política. Y como tal, debe ser denunciada, rechazada y corregida.
Porque sin docentes con dignidad, no hay futuro educativo posible.